
Desconocemos qué opinarían los antepasados de Zapatero sobre la construcción de una central térmica de Iberdrola en el municipio de Alange y unas cuantas más en los que le rodean, aunque no es difícil imaginarlo. Como suponemos que tampoco estarían muy de acuerdo en que el gobierno extremeño esté haciendo lo posible por favorecer los intereses privados, los de Iberdrola en este caso concreto, a costa de la salud, la cultura extremeña y la calidad ambiental de la comarca.
Esta Plataforma ciudadana interpuso una demanda contra la resolución del Consejero de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura, José Luis Quintana Álvarez. Éste había resuelto el recurso de alzada que presentó Iberdrola contra la resolución del Director General de Medio Ambiente, Guillermo Crespo, "por medio de la cual se desestimó la Central Térmica de Ciclo Combinado en Alange por ser una actividad industrial fabril clasificada como actividad insalubre y nociva, por la posibilidad de perjudicar la salud humana u ocasionar daños a la riqueza agrícola, forestal, pecuaria o piscícola, derivada de la emisión de contaminantes a la atmósfera y al agua, y no emplazarse a una distancia superior a los 2.000 metros a contar del núcleo más próximo de población agrupada, según lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas", cuentan desde esta asociación.

Quintana Álvarez aceptó en vía de recurso de alzada la reubicación de la planta de Iberdrola a más de 2.000 metros de distancia de Alange sin escuchar a los ciudadanos que querían hacer alegaciones. "Con esta medida se generó indefensión a la Plataforma Térmicas No al prescindir del trámite de información pública pese a la variación de la ubicación de la térmica. El Consejero al resolver el recurso de alzada a favor de Iberdrola vulneró la ley y el derecho de audiencia de los interesados; de los ciudadanos en general", argumentan los vecinos.
El TSJE entiende que el variar la ubicación del proyecto debió preverse desde el principio, cuando Iberdrola presentó su iniciativa, dado que esta causará un impacto ambiental. El Tribunal anula con su sentencia la resolución del Consejero de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura por la que admitía la reubicación de la planta energética de Iberdrola.